12 millones de dólares de los Estados Unidos de América. Esa es la cantidad de dinero que el Ministerio de Economía del Ecuador está transfiriendo este año a nuestro Municipio, según consta en el website capitalino.
Algunos amigos periodistas me preguntaban por qué la institución sólo recibe 5 millones de dólares cada año para hacer obra pública. Pero, no. No son 5, peor 3. No. Lejos están aquellos años en los que el Estado ecuatoriano entregaba menos de 2 millones de dólares para financiar las obras de la ciudad (año 2000). Hoy, la cifra sería 6 veces la recibida por aquellos ex–Alcaldes que a ruegos conseguían financiamiento para alguna “obrita”. Hoy, dicho dinero llega automáticamente… y sin que los funcionarios hayan debido implorar ni mejorar su gestión, sino que corresponde a la normal distribución por nuestro pago de impuestos (IVA, ICE, aranceles, renta, etc.), venta de petróleo ecuatoriano, etc.
Bueno, ¿y por qué se incrementó la cifra? Porque los asambleístas constituyentes intuyeron que -ya que estamos dolarizados- es menos necesario mantener ciertos fondos de reserva nacionales y permitieron la entrega de más dólares a los municipios.
Ahora bien, a continuación hay que ayudarse de las matemáticas para proyectar que si en el 2008 el municipio presupuestó 4 millones de dólares por ingresos corrientes (impuestos prediales, patentes, activos, etc.) y en el 2009 alrededor de 5 millones, entonces en el 2010 los funcionarios municipales bien pudieran recaudar 6 millones por este concepto.
Así, al sumar 6’ + 12’ se obtendrían 18 millones.
Si, de ese total de ingresos, se siguen usando, como hasta ahora, 2 millones y medio para cubrir los gastos corrientes municipales (se incluye personal), quedarían 15 millones y medio para inversiones (obras públicas, etc.) en el cantón. Si de esto se destinare más de la mitad a la construcción del alcantarillado es de vislumbrar que no se completará la red en un único período de gobierno, pero es al menos posible si se ejecuta todo el programa durante, quizá, dos períodos. Lo cual no estuviera mal para los Alcaldes involucrados.
Si la elaboración del presupuesto municipal de obras respondiera a una metodología participativa (obligatoria constitucionalmente) sus ciudadanos bien pudieran dictaminar esta construcción de su red de alcantarillado.
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